Por Lorena Müller Camarena

En un viaje a Bolivia, conocí la historia de Manuel, un joven de 25 años que estaba a punto de salir de la cárcel por un delito de robo que cometió unos años antes. Él tuvo la suerte de que en prisión pudo acceder a algunos talleres de formación, pero aun así teme no poder establecer una vida normal a la que aspira, encontrar trabajo y apoyar su familia. Sabe que una vez afuera esto se hace muy duro, pues los empleadores no te contratan por tener antecedentes penales, y si no les cuentas, te despiden cuando lo descubren. Además, siente que la sociedad estigmatiza a las personas que han salido de prisión.

Aunque podemos encontrar algunas historias exitosas de reintegración, el temor de Manuel (y de miles de hombres y mujeres) es fundado, ya que la estigmatización y la inserción laboral son los problemas más destacados para la reinserción exitosa de las personas egresadas de la cárcel.

De hecho, se crea un círculo vicioso que inicia cuando, durante el tiempo en reclusión, el nivel de formación adquirida disminuye o se pierde, las relaciones sociales se limitan solo a otras personas en prisión y su autoestima se deteriora. Luego, una vez liberadas, estas personas son estigmatizadas y discriminadas en el mercado laboral por el solo hecho de haber estado en la cárcel, sin importar el tipo de delito que hayan cometido o el hecho de ya haber cumplido una condena.

Aun estando libres, estas barreras pueden volver la pena perpetua.

Entendiendo los retos

En la criminología, la teoría del etiquetamiento indica que el hecho de estigmatizar a una persona como delincuente, y por ello marginalizarla, puede volverla delincuente. Un estudio de la Universidad George Mason en Estados Unidos encontró que los reclusos que percibían más estigma público fueron más propensos a cometer delitos violentos en el año posterior a su liberación.

Por su parte, existen múltiples barreras a la inserción laboral de las personas que egresan de prisión. La más evidente es la discriminación laboral por antecedentes penales. Si bien varios países de la región cuentan con leyes que permiten la cancelación de ciertos antecedentes penales, en la mayoría de los casos los trámites administrativos son tan exigentes que son comparables a una condena condicional, haciéndolos casi imposibles de cumplir para una persona sin apoyo familiar y con necesidades financieras. Asimismo, frecuentemente existe una desconexión entre la capacitación ofrecida a los reclusos y la demanda del mercado laboral, lo que dificulta la reintegración al trabajo.

¿Una región punitiva o rehabilitadora?

En América Latina y el Caribe hay 1,5 millones de personas en la cárcel, la mayoría sin una sentencia judicial y muchas de ellas encarceladas por delitos no violentos. El promedio de gasto en el sistema penitenciario como porcentaje del PIB en los países de la región es de 0.15%, y de esto, lo invertido en programas de reinserción en muchos casos no supera el 1%. 

Esto es inquietante, ya que revela un enfoque más punitivo que rehabilitador en los sistemas carcelarios. Sumado a ello, existen pocas asociaciones y organizaciones civiles ocupándose de las personas liberadas de prisión y de sus derechos en la región, pues es un tema difícil a vender y defender, ya que hay poca tolerancia cuando se trata de personas que han infringido la ley. Pero su reinserción social y laboral es clave para disminuir la reincidencia y asegurar mayores niveles de seguridad ciudadana. Además, es fundamental integrarlas como contribuyentes de la economía, que se conviertan en apoyo a sus familias y que dejen de ser un cargo para el sistema penitenciario público.

¿Hay espacio para la innovación?

El Laboratorio de Innovación (I-Lab) del Banco Interamericano de Desarrollo pretende aportar ideas frescas a esta problemática a través de “Liberando Ideas”, una convocatoria de soluciones innovadoras que aborden el desafío de reducir la estigmatización y promover la reinserción laboral de personas liberadas de prisión.

Buscamos ideas innovadoras, provocativas y de vanguardia, que ayuden a mejorar las vidas de personas privadas de libertad y ya liberadas, así como sus familias. Las soluciones propuestas pueden ser regionales o locales (en América Latina y el Caribe) y enfocarse en diferentes áreas: soluciones tecnológicas; emprendimiento y redes; comunicación y marketing; capacitación e inserción laboral; investigación y análisis de políticas públicas; u otro enfoque novedoso.

La convocatoria está abierta a personas y organizaciones de diferentes sectores, y el periodo de postulación va del 13 de junio al 18 de julio. El BID financiará la implementación piloto de hasta 3 soluciones.

La manera cómo la sociedad (re)integra a una población tan invisible y vulnerable muestra también su cultura de empatía de poder ofrecer una segunda oportunidad que les permita una rehabilitación completa. ¿Te animas a ser parte de este proceso de innovación?