Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, su sistema de justicia es el más caro del mundo, con un gasto que en el año 2010 rondaba el 2% del PBI de la nación. “Las demandas judiciales”, dice el sitio web de la organización, “les costaron a las pequeñas empresas más de 105.000 millones de dólares, dinero que podría haber sido invertido en más empleos, salarios más altos, o mayores beneficios para los trabajadores”.

Ahora bien, esta situación no es nueva para la economía estadounidense. Ha ocurrido previamente en otros rubros, desde la industria textil hasta los call centers. Y ahora, “los trabajos jurídicos han dejado de ser la excepción”, dice Lee A. Patterson, abogado experto en la materia. “El trabajo realizado por asistentes jurídicos, secretarios administrativos, e incluso abogados está siendo tercerizado a la India y a otras naciones donde los costos son menores; y donde el trabajo finalizado es en general equivalente al producido en los Estados Unidos”. 

Mark Tuft, profesor de la Universidad de San Francisco, coincide con Patterson: “El modelo clásico de estudio jurídico está siendo desafiado. Las firmas están bajo una presión creciente para reducir los costos internos de ofrecer servicios jurídicos rutinarios, no solo en el declive económico actual, sino como un modo de sobrevivir a largo plazo”.

Pero no solamente los estudios jurídicos están comenzando a tercerizar sus tareas: también las empresas buscan delegar sus áreas de servicios legales en otros sitios. “Los abogados no son los únicos que se han dado cuenta de la posibilidad de tercerizar servicios jurídicos”, dice William Pfeifer -un abogado y columnista sobre estas cuestiones-: “muchas compañías ubicadas entre las 500 más importantes del ranking de la revista Forbes han prestado atención a los bajos costos de los abogados en el exterior, y han dejado fuera al intermediario (el estudio estadounidense), tratando directamente con empresas de tercerización jurídica”. 

Las ventajas de tercerizar

Todos los autores coinciden en que la primera y principal ventaja de la tercerización de servicios jurídicos es la reducción de los costos. Según declaraciones de Leah Cooper -directora de una empresa de tercerización- a la revista Forbes, en el área de revisión de documentos, por ejemplo, “se lograron ahorros de hasta un 80% para los clientes respecto del trabajo realizado por sus propios abogados”. Patterson cita cifras igual de impactantes: “Muchos abogados en la India cobran solo 20 dólares por una hora de investigación jurídica. Dado que el precio de una hora de investigación jurídica en un estudio estadounidense ronda los 200 dólares, es muy fácil ver por qué la tercerización de servicios jurídicos es un fenómeno que crece tan rápidamente”.

Pero además del gran factor de los costos, Sally Kane, directora de varias revistas jurídicas, afirma que existen otras tres importantes ventajas en el outsourcing de servicios jurídicos. Primero, dice Kane, los estudios y las empresas norteamericanas pueden acceder a talentos externos en aquellas áreas en que sientan que no tienen suficientes recursos humanos. “Por ejemplo, las firmas de litigio que no tienen experticia suficiente en la parte de apoyo e investigación pueden tercerizar ciertos aspectos de esas tareas, tales como la codificación y la revisión de documentos, a proveedores específicos de esos nichos”. En segundo lugar, la tercerización puede permitir una reducción en los tiempos de finalización de las diversas tareas: “La combinación de equipos internos y externos les permite a las organizaciones terminar un proyecto en un plazo menor”. Por último, la tercerización les otorga flexibilidad a las empresas y estudios jurídicos, “emparejando el campo de juego con firmas más grandes”, es decir, si el caso requiere poco personal, la empresa puede llevarlo adelante con sus propios empleados, pero si se trata de un caso más grande, rápidamente puede armar un equipo que le permita estar a la altura de las circunstancias.

Algunos posibles problemas y sus soluciones

En las discusiones en torno a la tercerización de servicios jurídicos suelen aparecer dos potenciales problemas para esta práctica.

El primero de ellos surge como consecuencia de las regulaciones que establecen que solo los abogados estadounidenses pueden dar asesoramiento jurídico sobre las normas de ese país. Pero, como dice William Pfeifer, “estas restricciones sobre la práctica no autorizada del derecho son evitadas simplemente teniendo algunos abogados estadounidenses en la firma de tercerización, o haciendo que una firma local revise y apruebe el trabajo tercerizado”.

El costo de un abogado del exterior puede rondar en los U$S 20 contra los U$S 200 promedio en los EE.UU.

El segundo potencial problema tiene que ver con la relación especial que se establece entre el abogado y el cliente, y la protección de la información que se maneja en los casos. Pero también existen formas de superar estos desafíos. Ben Kerschberg, en un artículo en la revista Forbes, sugiere dos: por un lado, “celebrar contratos precisando la naturaleza de estas relaciones y los entendimientos explícitos de las partes sobre cómo será la responsabilidad en caso de que haya inconvenientes”, y por otro lado, “los proveedores de servicios jurídicos tercerizados que se tomen en serio la calidad deberían buscar certificaciones de la Organización Internacional de Estandarización” (ISO, por su sigla en inglés).