En este sentido, se considera el régimen de Participación Público Privada (PPP) como una herramienta alternativa para lograr este objetivo. Los contratos PPP resultan muy útiles para sortear posibles restricciones de financiamiento del sector público a la vez que aseguran al privado una rentabilidad acorde con el riesgo asumido.

A la fecha, ya se adjudicó el primer contrato en régimen de PPP, se están examinando las ofertas de un segundo proyecto y existen en cartera proyectos de infraestructura vial y ferroviaria por un monto estimado de US$ 840 millones.

Luego de atravesar dos procesos de contratos PPP se ha aprendido mucho por parte de las autoridades nacionales y de los actores privados. La experiencia reciente ha mostrado la importancia de los aspectos financieros de los proyectos, la necesidad de agilizar procedimientos y definir mejor las competencias de cada actor. En este sentido, el Decreto 251/015 recoge estas enseñanzas y procura mejorar el funcionamiento de este mecanismo. 

Al mismo tiempo, procura asegurar la calidad técnica del procedimiento, al exigir el respeto de las Pautas Metodológicas y las Guías de Mejores Prácticas Recomendadas en las distintas etapas del proceso.

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