Pese a los intentos de liberalización de los mercados llevados adelante por la Organización Mundial del Comercio (OMC), los países aún retienen un margen de regulación para el ingreso de diversos productos a sus territorios. En el caso de los productos alimenticios, además de imponer aranceles de importación y otros impuestos, los Estados tienen la posibilidad de establecer barreras sanitarias o fitosanitarias con el objeto de proteger la salud o la vida humana, de la fauna o de la flora local.
La cantidad de normas que regulan estas cuestiones y su especificidad técnica pueden parecer inabarcables para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que quieren internacionalizar sus productos. Así, por ejemplo, un exportador de carne de cangrejo deberá saber que Singapur no permite el ingreso de su producto congelado, un exportador de miel tendrá que estar al tanto que Canadá obliga a que esté empaquetada en contenedores de tamaños predeterminados, y un exportador de bebidas deberá tener en cuenta que la Unión Europea establece límites en “la cantidad de plomo, estaño o patulina (micotoxina) permitida en los zumos de frutas, zumos de frutas concentrados reconstituidos y néctares de frutas”.
Un estudio realizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) muestra que dos de los motivos que más obstaculizan la exportación de las PYMEs latinoamericanas son el “desconocimiento del mercado”, por un lado, y el “difícil acceso a mercados (normas, procedimientos y regulaciones)”, por el otro.
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