América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran, luego del crecimiento registrado en la última década, frente a una oportunidad de consolidar sus economías y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Para ello, será fundamental la inversión en infraestructura.

Ahora bien, ¿quién financiará esta inversión? Según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la evolución de la inversión en infraestructura en ALC indica que el sector público seguirá siendo la principal fuente de recursos para el financiamiento de la infraestructura. Sin embargo, dadas las necesidades de inversión y las restricciones presupuestarias, se requerirá necesariamente incrementar las fuentes mixtas de financiamiento”.

El informe indica que la región está dando ciertos pasos importantes en este sentido, pero que aún resta afrontar varios desafíos: “en ALC, el sistema financiero, la banca pública nacional, así como los reguladores, ya han dado pasos relevantes para canalizar capital privado al financiamiento de proyectos de infraestructura con alto valor socioeconómico por medio de diversos vehículos financieros. Sin embargo, aún hay necesidad de apoyar a la región para potencializar los vehículos financieros, promoviendo certeza jurídica, incentivando una administración de riesgos adecuada y promoviendo una asignación transparente de los recursos”.

El documento recuerda además que “independientemente de la fuente utilizada para financiar la construcción y mantenimiento de la infraestructura, esta se paga con cargos directos a los usuarios (tarifas) o con transferencias del tesoro público. ALC, en años recientes, ha realizado un esfuerzo creciente para la recuperación de costos mediante cargos directos a los usuarios. ALC es, entre las regiones en desarrollo, la que presenta mayores indicadores de cobertura de costos de agua y electricidad mediante cargos a los usuarios”.

Sin perjuicio de ello, el BID afirma que “la recuperación de costos mediante tarifas debe prestar particular atención a problemas de asequibilidad entre la población de menores ingresos”.